Cambio Climático
La industria cementera acepta su responsabilidad compartiendo los objetivos de la Unión Europea en la reducción de emisiones.
El Protocolo de Kioto ha supuesto un punto de inflexión en la actitud de los sectores y agentes socioeconómicos responsables de las emisiones, en la posición reguladora y gestora de la Administración Pública y en la sensibilización social ante el problema del cambio climático.
Para el periodo 2013-2020, según la revisión de la Directiva de Comercio de Emisiones, el límite máximo de derechos de emisión correspondiente a cada uno de los 27 Estados miembros se sustituirá por un único límite máximo a escala de la UE: disminución del 20% de las emisiones de Gases de Efecto Invernadero (GEI) en 2020 respecto a los niveles de 2005, reduciéndose un 21% las emisiones de los sectores incluidos en el régimen de comercio de emisiones y un 10%, en el caso de los no regulados.
En España, según un estudio de Garrigues Medio Ambiente solicitado por la CEOE, el coste total del CO2 en los sectores sujetos a la directiva (siderúrgico, refino, química, pasta, papel y cartón, cemento, cal, azulejos y baldosas, ladrillos y tejas, vidrio hueco y fritas cerámicas) en el año 2020 ascendería aproximadamente a 4.070 millones de euros (un 69% del resultado de explotación agregado de los sectores analizados), de los cuales aproximadamente 1.091 millones de euros corresponderían al sector cementero (un 164,9% de su resultado de explotación).
Este mismo informe refleja que se perderían 30.382 empleos directos en la industria española, lo que supone un 24,8% del empleo directo de los sectores afectados por la Directiva. En el caso del cemento, uno de los que tienen mayor riesgo de deslocalización, se destruirían 5.500 empleos directos (un 77% del empleo actual del sector) y una cantidad significativa de empleos indirectos.
Además, la deslocalización y cierre de instalaciones comenzaría a corto plazo por falta de nuevas inversiones y se incrementaría progresivamente hasta el año 2020.
El sector cementero español estaría expuesto a las importaciones provenientes de países no afectados por la Directiva de Comercio de Emisiones, cuyo transporte, realizado principalmente por mar a largas distancias, aumentaría las emisiones de CO2 globales. España es uno de los países más afectados por este problema debido a su facilidad da acceso a través de los puertos. Así, las importaciones podrían proceder de países de la cuenca mediterránea como Marruecos, Argelia, Libia, Egipto, Turquía y Túnez, además de China e India.
El estudio de Garrigues Medio Ambiente para el sector cementero concluye que existe una imperante necesidad de que la industria reciba derechos de emisión gratuitos en función de su capacidad de modernización para alcanzar las Mejores Tecnologías Disponibles (MTDs). El sector cementero español estaría muy cerca de obtener gratuitamente el 100% de los derechos de emisión, pues sólo tiene un 4,26% de posibilidad de mejora con respecto al mínimo de las MTDs.
Por otra parte, la Asociación Europea de Fabricantes de Cemento (Cembureau) ha solicitado al Boston Consulting Group la elaboración de un informe para analizar el impacto que tendrá sobre la industria cementera europea el esquema de reparto de derechos de emisión que se está definiendo actualmente en Europa para el periodo 2013-2020.
El objetivo del 21% de reducción, aún sin especificar sectorialmente, requerirá un gran esfuerzo adicional por parte del sector cementero, puesto que el 60% de las emisiones provienen del proceso de producción debido a la descarbonatación de la caliza. En este sentido, es preciso destacar que en los últimos años las empresas europeas ya han acometido importantes planes de inversión, con el objetivo de implantar las mejores tecnologías disponibles para mejorar la eficiencia energética, reducir las emisiones de CO2 y optimizar el proceso de producción.
La principal conclusión de este informe, realizado con datos públicos y objetivos, es que el sector cementero español se verá abocado a la deslocalización si tiene que pagar más de 23 euros por tonelada de CO2 emitida. Según el escenario en el que se está trabajando actualmente para el periodo post Kioto, sólo el 80% de las emisiones totales de CO2 que se generen en el año 2013 serán gratuitas, mientras que el 20% restante deberán comprarse en subasta. Este planteamiento irá reduciendo anualmente los porcentajes gratuitos, hasta que en el año 2020 el 100% de las emisiones se paguen al precio que estipule el mercado de derechos de emisión, mediante una subasta dirigida por los diferentes Estados.
El coste de alcanzar este reto para las cementeras europeas representa, según la consultora BCG, 3.600 millones de euros de valor añadido bruto y la eliminación de 35.000 empleos directos.
Además, en el supuesto de que esta industria pudiera repercutir completamente el coste de CO2, hipótesis poco realista, seguiría siendo vulnerable a la deslocalización porque el cemento y el clínker están expuestos a la competencia internacional de países no sujetos a las directrices del Protocolo de Kyoto.
En este sentido, es necesario que el marco legislativo favorezca la continua inversión en investigación e innovación tecnológica de modo que se pueda abordar el cambio climático con la mayor eficacia posible. También es esencial que se mantenga la base de investigación y fabricación en Europa, para poder ser parte eficiente en las soluciones contra el cambio climático y evitar la deslocalización de la industria.
Tanto el estudio de Garrigues Medio Ambiente como el del Boston Consulting Group ponen de manifiesto la necesidad de definir y consensuar a nivel internacional los objetivos de reducción de emisiones y los instrumentos de mitigación que se aceptarán para su cumplimiento.
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No debemos olvidar que el sector cementero ha realizado esfuerzos desde la primera crisis del petróleo para reducir su consumo energético específico por tonelada de cemento y, por tanto, ha conseguido una importante reducción de las emisiones de CO2 por tonelada de cemento producido desde 1975 hasta la actualidad. No obstante, continúa trabajando para disminuir sus emisiones específicas por tonelada de cemento. Para ello es totalmente indispensable que exista un mercado estable que le permita a la industria realizar las inversiones necesarias para alcanzar estos objetivos.
Las vías para lograr las reducciones de emisiones específicas son:
- Mejora de la eficiencia energética de algunas instalaciones.
- Optimización de las adiciones y fomento de cementos tipo II, III y IV para usos comunes.
- Optimización del mix de combustibles fósiles.
- Potenciación del uso de residuos como combustibles alternativos que reduce el consumo de combustibles fósiles tradicionales. Ésta es la principal vía de mejora pendiente de desarrollar por el sector cementero español y que está siendo la base de los Acuerdos Voluntarios en otros países europeos. Los residuos aportan gases de efecto invernadero (GEI) al Inventario Nacional porque muchos de ellos, de los que no se aprovecha su poder calorífico, fermentan en los vertederos emitiendo metano o son objeto de combustiones incontroladas.
- Investigación para fomentar el uso de nuevas materias primas que reduzcan el ratio de emisión por la reacción química de descarbonatación (materias descarbonatadas, fundentes para rebajar la temperatura de fusión, etc).
