La Agrupación de fabricantes de cemento de España (Oficemen) considera que la reforma energética recientemente anunciada condena a la industria cementera a su desaparición, al impedirle ser competitiva en los mercados internacionales donde el sector cementero se afana por colocar sus productos en una lucha desigual con otros productores y socios europeos.

Las medidas tomadas por el Gobierno, sin contar con la experiencia y opinión de la industria, suponen un importante incremento del coste eléctrico que alcanza la máxima diferencia histórica entre lo que cuesta la electricidad en España y en algunos países de la Unión Europea. La electricidad en España ya es hoy un 17% más cara para la industria. Con la nueva reforma esta diferencia aumentará de forma insostenible.

Para el sector cementero, este aumento dinamita peligrosamente su competitividad en los mercados internacionales, perjudicando su eficiencia a la hora de competir en un mercado global en el que el resto de países no ponen tantas trabas a la industria, ni la gravan con sobrecostes desproporcionados.

La nueva reforma propuesta asestará un duro golpe a la industria cementera por la anunciada revisión del sistema de interrumpibilidad. Un sistema mediante el cual las empresas con alto consumo eléctrico, ante un incremento de la demanda de electricidad, sacrifican sus procesos productivos -los paran- y desvían su potencia eléctrica a los hogares u otros servicios básicos para que no sufran un apagón.

Ahora el Gobierno quiere reducir este servicio por el que las empresas actualmente reciben una contraprestación, después de haber invertido más de 450 millones de euros y haber realizado otros sacrificios para adaptarse a este sistema. Esto será la última puntilla para el sector cementero pues no podrá amortizar las inversiones realizadas.

El director general de Oficemen, Aniceto Zaragoza, señala que “no podemos permitir que las medidas que se adopten reduzcan la capacidad exportadora de nuestra industria. Queremos colaborar con el Gobierno para establecer un sistema de interrumpibilidad que respete los acuerdos alcanzados anteriormente y las inversiones realizadas”.

En el marco de AEGE, las empresas del sector se han ofrecido de nuevo al Gobierno para colaborar en la búsqueda de una solución que no ataque la supervivencia de un sector, el industrial, que crea empleo de calidad, genera riqueza y es el motor de las exportaciones que contribuyen a mejorar nuestra balanza de pagos.