El conjunto de agentes sociales del sector cementero – Metal, Construcción y Afines de UGT (MCA-UGT), Federación de Industria, Agrupación de fabricantes de cemento de España (Oficemen), y CCOO de Construcción y Servicios– han consensuado un decálogo de medidas en el que conminan a todas las formaciones políticas que concurren a las próximas elecciones generales del 20 de diciembre, a incluir en sus programas diez propuestas para impulsar el crecimiento económico, crear empleo y generar valor añadido para el conjunto de la sociedad.

Las tres organizaciones consideran que una de las claves para la reactivación económica de España, pasa por el apoyo a la industria del cemento, ya que los datos demuestran que cualquier incremento de actividad en nuestro sector, tiene una repercusión inmediata en el empleo y la demanda interna. Las diez medidas son susceptibles de ser incluidas en los programas electorales de cualquier fuerza política, con el objetivo final de generar riqueza y bienestar para el conjunto de la sociedad.

Dichas propuestas pasan por el apoyo a la industria, con mejoras en el marco regulatorio, el acceso a la financiación, o en el abaratamiento de los costes eléctricos, entre otras. Uno de los puntos clave del decálogo lo constituye el plan “Crecimenta 20-30” que incluye 25 medidas para dinamizar la demanda de cemento y lograr beneficios económicos, sociales y medioambientales para el conjunto de la sociedad.

Nuestras propuestas, vinculadas a la mejora de la competitividad y sostenibilidad, pueden tener como resultado la creación de más de 6.000 empleos, el incremento de valor añadido bruto a la economía en más de 1.400 millones de euros anuales o el ahorro de gasto público en mantenimiento de carreteras de 35 millones de euros al año”, explica Jaime Ruiz de Haro, presidente de Oficemen, que cree que “es un plan ambicioso, pero ajustado a la capacidad presupuestaria de nuestro país, que plantea alternativas de construcción que mejorarían la durabilidad de las infraestructuras, reduciendo los costes de mantenimiento, y mejorando además, en último extremo, la calidad de vida para el conjunto de la sociedad”.

El decálogo reclama también un posicionamiento claro de los mandatarios españoles frente a temas como los objetivos de reducción de emisiones de CO2, que, a su juicio, deberían supeditarse a un acuerdo internacional vinculante dentro del marco de las Naciones Unidas. La puesta en marcha de tasas disuasorias al depósito de residuos en vertedero y la apuesta por la recuperación material y energética de residuos no reciclables en fábricas de cemento, son otras de las medidas propuestas, en línea con los principios de economía circular de la Unión Europea.

En el ámbito laboral, el escrito también propone actuaciones concretas como la mejora continúa de la cualificación profesional de los trabajadores a través del incremento de la dotación presupuestaria a la Fundación tripartita para la Formación en el empleo, y el diálogo con todas las fuerzas políticas a través de grupos de trabajo interministeriales con patronal y sindicatos.

«Estas propuestas suponen retomar el camino del crecimiento, tanto desde el punto de vista económico como social para el conjunto del país«, explica el Secretario General de CCOO de Construcción y Servicios, Vicente Sánchez, que añade “el bienestar de la ciudadanía debe ser el principal objetivo del próximo Gobierno y ello se consigue con una política de inversiones más fuerte, el impulso a la reindustrialización, así como otorgando al mundo del trabajo el lugar central que se merece en la sociedad, con unas mejores condiciones laborales”.

Por su parte, desde MCA-UGT, Federación de Industria, su Secretario General, Carlos Romero afirma que “estas diez medidas suponen una apuesta por un cambio de modelo productivo fundamentado en potenciar la industria, impulsar las infraestructuras y su mantenimiento, la rehabilitación en la construcción, la defensa del medio ambiente y un marco laboral basado en el diálogo”.

Además, los líderes de las tres organizaciones coinciden en que “la existencia de un diálogo fluido y constante entre todas las partes que componemos esta industria, cuya máxima expresión fue la constitución de la Fundación laboral del cemento y el medio ambiente (Fundación CEMA) en 2005, constituye un elemento diferencial y pionero en Europa que entendemos que nuestros representantes políticos, actuales y futuros, sabrán valorar a la hora de estudiar nuestras propuestas”.